Las elecciones de mitad de legislatura en EE. UU. nos recuerdan que las prioridades políticas pueden cambiar mucho más rápido de lo que se tarda en crear una empresa. Los inversores a largo plazo necesitan la disciplina y la capacidad financiera necesarias para adaptarse a ambos plazos.
La mañana después de unas elecciones, los inversores se enfrentan a la comprensible tentación de replantearse su visión del mundo. Las expectativas cambian en materia de fiscalidad, gasto público y regulación, y se evalúa a las empresas en función de su alineación con la agenda del nuevo gobierno. Las elecciones de mitad de legislatura de esta semana en EE. UU. darán lugar a numerosos cálculos de este tipo. Algunos tendrán una importancia considerable para determinadas empresas, sobre todo aquellas para las que el gobierno es un cliente importante o determina el acceso a un mercado.
Pero las decisiones de inversión que sustentan el progreso económico siguen un calendario diferente. Un medicamento no supera los ensayos clínicos en el plazo de una campaña electoral. Las redes eléctricas no pueden reconstruirse entre unas elecciones y otras, y una empresa tecnológica joven puede necesitar varios cambios de gobierno antes de convertirse en un negocio rentable. Los inversores que destinan capital a estas actividades deben evaluar qué puede sobrevivir a esas transiciones y cuánto costará llegar hasta allí.
Este desajuste es especialmente evidente en las infraestructuras eléctricas. En su informe «Electricity 2026», la Agencia Internacional de la Energía estima que la planificación, la obtención de permisos y la finalización de nuevas infraestructuras de red pueden llevar entre cinco y quince años. Los centros de datos pueden construirse en un plazo de uno a tres años. Un gobierno puede fomentar la inversión en capacidad informática con relativa rapidez, pero el suministro de electricidad puede requerir decisiones tomadas varias legislaturas antes.
Las ciencias de la vida plantean un reto similar. El informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) sobre investigación clínica describe etapas sucesivas de ensayo, y los estudios de fase III suelen durar entre uno y cuatro años. Esto viene después del descubrimiento, el trabajo preclínico y los ensayos en humanos previos. El capital debe respaldar el proceso mientras se recaban pruebas, sin garantía alguna de que el tratamiento vaya a tener éxito.
Estos plazos tienen consecuencias en la forma en que se financian las inversiones. Un proyecto puede abordar una necesidad urgente y, aun así, tener dificultades si sus inversores exigen liquidez antes de que alcance un hito significativo. Del mismo modo, un negocio aparentemente atractivo puede dejar de ser rentable si los retrasos le obligan a refinanciarse repetidamente en condiciones menos favorables. La duración del capital es casi tan importante como su cuantía.
En NJF Holdings, nuestros intereses en los sectores de la tecnología, las ciencias de la vida, el sector inmobiliario y el deporte nos ponen en contacto con empresas que se desarrollan a ritmos muy diferentes. Eso me hace desconfiar de considerar el «largo plazo» como una explicación suficiente para una inversión. Dar más tiempo a una empresa solo ayuda si esta lo utiliza de forma productiva.
Los inversores deberían ser capaces de explicar qué esperan averiguar antes de comprometer más fondos. En el ámbito de las ciencias de la vida, eso podría ser la evidencia de un ensayo clínico. En un negocio tecnológico, podría ser la retención de clientes o la prueba de que el crecimiento mejora la rentabilidad. En el caso de una promoción inmobiliaria, el avance de la planificación y los costes de construcción pueden determinar si las hipótesis originales siguen siendo válidas.
Esos hitos dotan a la paciencia de un propósito comercial. También permiten distinguir un contratiempo temporal de una debilidad fundamental. Un retraso en la aprobación puede justificar la ampliación de un calendario; la evidencia de que los clientes no están dispuestos a pagar lo suficiente por un producto requiere una respuesta diferente. Los inversores que describen cada decepción como un «ruido» a corto plazo corren el riesgo de convertir la paciencia en un hábito costoso.
El riesgo político debe formar parte de ese análisis. Una empresa que dependa de una única subvención, de un contrato público o de una interpretación normativa favorable debe valorarse teniendo en cuenta esa dependencia. El apoyo público puede ayudar a consolidar un sector importante, pero los inversores deben comprender qué ocurre si dicho apoyo se reduce antes de que el negocio pueda sostenerse por sí mismo.
El balance es a menudo donde esa exposición se hace más visible. ¿Puede la empresa absorber un ciclo de ventas más lento? ¿Dispone de suficiente liquidez para alcanzar su próximo hito si se retrasa una decisión? ¿Un aumento de los costes de financiación socavaría la rentabilidad? Estas preguntas son menos emocionantes que las predicciones sobre unas elecciones, pero revelan cuánta libertad tendrá un equipo directivo cuando cambien las circunstancias.
Las family offices y otros inversores con plazos de tenencia flexibles pueden ser socios útiles en este sentido. Es posible que puedan respaldar el desarrollo durante períodos en los que las salidas resulten difíciles o el sentimiento del mercado haya cambiado. Pero esa flexibilidad debe estar respaldada por reservas, disciplina en la cartera y una comprensión realista de sus propias necesidades de liquidez. Un inversor no puede ofrecer capital fiable si depende de un mercado favorable para financiar su próximo compromiso.
Los gobiernos también tienen una responsabilidad. Unos procesos de concesión de permisos estables, unas instituciones creíbles y una regulación transparente ayudan a los inversores a valorar el riesgo a lo largo de la vida de un proyecto. Las políticas cambian en una democracia, pero la incertidumbre evitable puede elevar los costes de financiación y retrasar inversiones cuyos beneficios se extenderían mucho más allá de la actual administración.
Para los inversores, los acontecimientos políticos de esta semana suponen otra serie de condiciones que evaluar. Pueden modificar los costes, las oportunidades o la vía de acceso al mercado de una empresa, a veces lo suficiente como para alterar el caso de inversión. La tarea consiste en realizar esos ajustes sin perder de vista los años de trabajo que aún quedan por delante.
Estoy convencida de que el capital a largo plazo obtiene su valor gracias a esa combinación de compromiso y escrutinio. Las empresas necesitan propietarios que sean capaces de permanecer a su lado en los momentos difíciles, plantear preguntas exigentes y financiar la siguiente fase cuando los datos lo respalden. Así es como un horizonte de inversión se convierte en algo más útil que una mera declaración de intenciones.
Nicole Junkermann es una inversora y emprendedora internacional, y fundadora de NJF Holdings, una firma de inversión privada con sede en Londres que opera en los ámbitos del capital riesgo, el capital privado, el sector inmobiliario, así como en el deporte y los medios de comunicación. A través de su división de capital riesgo, NJF Capital, respalda empresas de tecnología, inteligencia artificial, salud y ciencias de la vida. Su enfoque de inversión se centra en el capital a largo plazo, trabajando en estrecha colaboración con los fundadores y apoyando innovaciones que mejoren la capacidad humana y creen un valor comercial duradero.